Autotutela administrativa y tutela judicial efectiva: nuevas perspectivas para el proceso contencioso-administrativo. Este trabajo plantea una reflexión sobre las consecuencias que la configuración tradicional del privilegio de la autotutela administrativa en el Ordenamiento jurídico español tiene para la tutela judicial efectiva del administrado.
En particular, estudia el concepto, justificación y alcance de ese privilegio, analiza las principales novedades que la vigente Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa de 1998 ha introducido en el proceso contencioso-administrativo y su aplicación por los órganos jurisdiccionales, y contiene propuestas de mejora de la articulación entre la autotutela administrativa y la tutela del administrado en aspectos tales como el régimen de los recursos administrativos, la tutela cautelar y la introducción en el ámbito administrativo de los procedimientos alternativos de resolución de conflictos. Luis Miguez Macho es Profesor titular de Derecho administrativo en la Universidad de Santiago de Compostela II.1. Concepto II.2. II.3. II.4. III.1. III.2. III.3. IV.1. Aprobado un decreto ley que elimina trámites administrativos y reduce plazos para reactivar la economía.
El Consejo de Gobierno aprobó hoy el Decreto Ley de Impulso y Simplificación de la Actividad Administrativa que recoge una serie de medidas con las que eliminar trámites administrativos, disponer de un régimen de intervención proporcional y reducir de plazos de manera especial en las normas que pueden dificultar el acceso o ejercicio de una actividad económica.
Por lo tanto, el objetivo de esta iniciativa, propuesta por la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, es agilizar y simplificar los procedimientos para reactivar la actividad productiva en Castilla y León, crear empleo, contribuir a la reconstrucción del tejido económico y productivo y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos tras la "desaceleración" económica producida por la crisis sanitaria de la COVID-19. Necesidad "urgente" Agilizar ayudas y subvenciones Cooperativas.
Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública por la que se da publicidad a las directrices para la simplificación administrativa y normativa de los procedimientos, elaboradas por la Inspecci. I.
Comunidad Autónoma 3. Otras disposiciones. Documento BOE-A-2017-12951. Documento BOE-A-2020-6812. La Ministra de Política Territorial y Función Pública, el Secretario General de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y el Secretario General de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) han suscrito, con fecha 12 de junio de 2020, un Convenio para la identificación de cargas administrativas y su reducción.
Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se dispone la publicación del referido Convenio, como anejo a la presente Resolución. Simplificación administrativa y reducción de cargas. Los casos Coslada y Guateque, crónica de dos estropicios policiales. Dos de las mayores macrocausas mediáticas abiertas en los últimos dos lustros en Madrid y con repercusión en toda España, el caso Coslada (40 imputados y siete encarcelados) y la Operación Guateque (que llegó a tener 140 imputados y una decena de presos), pueden salirle caras ahora al Estado.
Todos los encausados en ambos procesos han sido absueltos por la Audiencia de Madrid en sentencias en las que dan fuertes varapalos tanto a los jueces instructores, Santiago Torres y Eduardo Cruz (ambos ahora fuera de la carrera), y a las fuerzas de seguridad que investigaron estas causas. Seis de los siete policías locales de Coslada que acabaron en prisión (y los únicos de los 26 detenidos que se sentaron años después en el banquillo acusados de una retahíla de delitos) exigen ahora al Estado 2,6 millones de euros. El caso Coslada se convirtió en una enorme caja de resonancia que llegó a acumular hasta 40 imputados, entre policías locales, empresarios y supuestos proxenetas. El ciudadano como cliente administrativo. Una buena Administración es la que, en lugar de vivir aislada y segregada de la realidad social, sabe adaptarse dinámicamente a las transformaciones que se producen a su alrededor; y responder con eficacia a las demandas, exigencias y reivindicaciones de los ciudadanos.Ésta es una de las razones por la que, en los últimos años, estamos asistiendo al cambio en el enfoque del aparato administrativo y burocrático.
Mirando a un pasado, todavía reciente y fresco, se hablaba de una Administración participada, de una Administración dialogante, de una Administración negociadora, etcétera, mientras que ahora, en los tiempos que corren, el calificativo con el que se empieza a identificar a la nueva Administración que emerge es el de Administración receptiva. ¿Ciudadano, Cliente o Usuario? – u-GOB. El concepto de ciudadano, en uno de tantos sentidos, implica la convivencia con otras personas que pertenecen a una misma ciudad.
Por supuesto que para no entrar en detalles acerca de los mecanismos jurídicos y políticos que completan su definición, esta sencilla idea nos introduce al hecho de que todo aquel que vive en una ciudad se convierte en un ciudadano. En tiempos catalizados por la tecnología, la noción de ciudadano se enriquece con rasgos que principalmente están orientados hacia el acceso a la información. Todo aquel que vive en una ciudad sabe lo importante que es tener datos precisos y actualizados, por ejemplo del tráfico en su ruta; del tiempo de espera en la caja de un banco; de su turno de ingreso a una dependencia pública para realizar un trámite, o incluso de los asientos disponibles que hay en una sala de un cine, por solo mencionar algunos casos.
¿Ciudadano, Cliente o Usuario? 8.7Nota Final Puntuación de los lectores: (3 Votes)
EsPublicoBlog. Autonomia Local. Guía de aprendizaje.